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Semana agitada en la Corte Constitucional: demandas clave sobre derechos indígenas, inteligencia y tributación

Por oficina de prensa, Jurídica Herrera, Sattler & Ossa


Admisiones de demandas de la Corte Constitucional del 11 al 21 de noviembre de 2024.

 


Esta semana, a diferencia de la anterior, fue movida, en especial el 19 de noviembre. Ese día la Corte admitió una demanda (D-16220) contra la expresión «[l]as normas que expidan las autoridades indígenas […] prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad», contenida en el artículo 2(H) del Decreto 1094 de 2024, por la presunta vulneración de los artículos 4 y 93 de la Constitución Política. Es de recordar que el decreto demandado reconoció el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental - ATEA como un instrumento de derecho propio de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.

 

También fue admitida la demanda D-16216 contra los artículos 17 (parcial) y 33 (parcial) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, sobre inteligencia y contrainteligencia. Se debatirá en la Sala Plena sobre la constitucionalidad del monitoreo del espectro electromagnético y sobre el término de treinta años de reserva que tiene la información de inteligencia actualmente.  Los actores señalan que recientes pronunciamientos de la CorteIDH justifican que la Corte revise nuevamente estas normas.

 

El mismo día inició el trámite el proceso D-16206, en el que la Corte definirá la constitucionalidad del artículo 25 (parcial) del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), por la violación de los principios de igualdad y equidad tributaria.  Los actores buscan que la exención de renta prevista en la norma se aplique a todos los Centros de Distribución de Logística Internacional, no solo a los ubicados en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y los fluviales de los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

 

 El proceso D-16115 decidirá sobre la exequiblidad del artículo 318 (parcial) de la Ley 1955 de 2019, por presunta vulneración del principio de reserva de ley.  Se demanda una norma que da facultades al Presidente de la República para fijar las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la jurisdicción de la extinta Electricaribe.

 

Por último, el 21 de noviembre, la Corte avocó (PE-059) el examen de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria número 266 de 2023 Cámara - 285 de 2024 Senado, “por medio de la cual se crea y se reglamenta alerta Colombia, Ley Sara Sofía y se dictan otras disposiciones” l Proyecto de Ley denominado Sara Sofía o Alerta Colombia que tiene como objeto crear y reglamentar la herramienta de difusión de información de niños y niñas que se encuentren extraviados en todo el territorio colombiano, y de este modo activar los mecanismos de búsqueda, localización y recuperación inmediata de los menores que se encuentren bajo riesgo.

 

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Bogotá D.C, 21 de noviembre de 2024.

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